Colombia, Estado Social de Derecho, ¿verdad o mito?

Autor: Liliana Hoyos Celis

Mayo 04, 2021
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La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1° que nuestro país es un Estado Social de Derecho que se funda en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general, en consonancia con lo anterior, el preámbulo de nuestra constitución anuncia que el estado deberá garantizar a los ciudadanos la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, garantías que guardan relación directa con los fines del esenciales del estado consagrados en el artículo 2 de nuestra carta magna, indicando que el estado debe servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la constitución, razón por la cual todas las autoridades de nuestro país tiene por objeto proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Hermosos ideales son aquellos que sustentan nuestra constitución, pero ¿realmente somos un estado social de derecho?, con el más profundo dolor como ciudadano debo decir que no, que ese tan anhelado estado social de derecho poco o nada se evidencia en nuestro país, hay visos e intentos, claro que sí, pero el mismo no se ha materializado, y no precisamente por causa imputable a sus ciudadanos, sino a sus representantes y ante una ausencia absoluta de solidaridad social y prevalencia del interés general.

Antes de la emergencia sanitaria algunos visos de justicia social brillaban pálidamente, pero ahora, tras más de un año de emergencia mundial, todas las injusticias sociales salieron a relucir con más fuerza, claro con algunos visos de solidaridad, pero muy débiles y frágiles, y esa oscura fuerza de la corrupción salió con su más fuerte andamiaje para terminar de agravar la situación de los más necesitados y de paso dejar agonizante a esa clase trabajadora, a ese empresario que busca generar empresa y empleo, a esa clase media que ya no aguanta más tantos impuestos, a esa pequeña y mediana industria que intenta mantenerse pero que cada día enfrenta nuevos desafíos que amenazan su subsistencia.

El estado debe dirigir toda su acción a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna y poner en movimiento los mecanismos pertinentes para contrarrestar las desigualdades sociales y ofrecer a todos los habitantes del territorio nacional las oportunidades necesarias para superar sus apremios materiales, sin embargo, a pesar del esfuerzo de muchos para lograrlo, cada día se evidencia más crisis social, siendo lo más perjudicados, nuestros niños.

Dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la educación, a la alimentación adecuada, y si observamos las clases menos favorecidas y la población rural, poco o nada están satisfaciendo tan básicas necesidades; nuestros niños con la educación virtual poco o nulo acceso tienen a la educación, no por falta de dedicación de las instituciones educativas, si no por la ausencia, a veces absoluta, de los medios tecnológicos y de conexión requerida, y si vamos al campo nutricional, tras la ausencia de las meriendas que recibían en sus instituciones educativas y el cierre de comedores comunitarios, ha generado que muchos de ellos ni siquiera tengan garantizada una comida diaria.

Con lo anterior no quiero decir que todo está mal porque no es así, no estamos frente al mejor panorama, pero tampoco frente al apocalipsis, pues así como la pandemia ha generado lo peor de algunas personas e instituciones y hasta estados, también ha dejado entre ver lo mejor de algunos sectores, que fundados en el principio de solidaridad buscan mejorar las condiciones de los menos favorecidos.

Es tiempo que como sociedad despertemos, nos creamos el cuento de que somos un Estado Social de Derecho y comencemos a trabajar de manera mancomunada para que estos postulados constitucionales se hagan realidad, pero para eso debemos empezar por dejar nuestro egoísmo y reconocer que como sociedad podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes el cumplimento de los fines del estado, de una manera pacifica claro está.

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